lunes, 30 de marzo de 2015

RESACA ANDALUZA


Una semana. Pasó una semana tras la convocatoria a las urnas en Andalucía. El resultado es conocido de todos y deja poco lugar a duda. A partir de aquí emergen todo tipo de lecturas, conclusiones y discursos  adaptados al  interés de cada jugador.

 No se debe contestar el resultado de unas urnas, más allá de cómo explicar que suponiendo que todos los equipos concurrentes parten en igualdad de condiciones, uno necesite el doble de sufragios que otro para tener el mismo resultado. No sé bien si esto es democracia, democracia a la carta, o debiera llamarse de otra forma.
Es así y mientras esté en vigor hemos de respetarlo.

Dije que el resultado no deja lugar a duda. A mí, discúlpenme,  me genera varias. En la calle se escucha por cualquier esquina el hartazgo que genera la mala praxis de nuestros cargos, las corruptelas,  aprovechamiento del puesto para lucros personales y un largo etc., que no veo necesario argumentar.

Si esto es así ¿Cómo es posible que sigamos avalando dichos incomodos con nuestro voto?, ¿De qué nos quejamos si a la hora de la verdad seguimos apoyando a quien practica, consiente o simplemente no se entera y cuando se lo hacen saber sencillamente hace nada?
Hay aquí algo que no me encaja.

Andalucía es una comunidad con una situación propia de antiguo nodo. Golfos en cada esquina, (en la vida pública, entiéndase),  un paro que no hay por dónde coger, del juvenil mejor no hablamos, etc. Cambian el delantero centro del equipo y todos a aplaudir de nuevo. A veces pienso que con estos ingredientes, no hay derecho a quejarse, que no es posible cambiar las cosas, y que de forma clara estamos diciendo: señorías hagan lo que gusten, tengo la nariz tapada. Después; nos enfadaremos junto a un amigo tomando el café comentando la última instrucción judicial. Y quién sabe. Puede darse el caso que el culpable sea el juez.

Lo único coherente que observo a lo largo de esta semana es la posición de los emergentes (Podemos y Ciudadanos).

Después de la primera ronda de contactos dicen cuáles son sus condiciones para un hipotético apoyo en la investidura. Es para observar con atención. Si sus hechos son consecuentes con su discurso y propuestas, debiera ser suficiente para que la ciudadanía empiece a tomar conciencia si realmente piensa que en este país hay algo que cambiar, y lo más importante: acabar con la golfería y los abusos de poder.

En breve y después de las andaluzas tenemos municipales y autonómicas. Gran expectación despierta Madrid. Les confieso que si después de lo expuesto sobre Andalucía, en la Villa, un personaje más propio de programación salsa rosa que de ejercicio público como la Sra. Aguirre, obtuviere un resultado importante es para empezar a pensar que este pueblo como sociedad, no tiene arreglo.

                                                                         D. Robles

jueves, 19 de marzo de 2015

DE IMPUTAR A "VISITAR"

Si  usted estaba esperando que en la vida pública no hubiese cargos imputados debe empezar a mostrar satisfacción. Acaba de presentarse una propuesta para tal fin: a partir de ahora no habrá un solo imputado, como mucho habrá algún investigado. Se presenta una nueva medida anticorrupción. Desaparecerá el término imputado, por su preocupante interpretación y se sustituye por investigado. Al cambio, una vez más, “vamos a hacer algo para justificar que hacemos y que todo siga igual”.
A partir de aquí cada cual extraiga la conclusión que crea. Yo, sigo pensando que alguien me sigue tomando el pelo.

Dando por sentado y conocido que la expresión “imputar”, (a partir de ahora,"investigar”), no presupone culpabilidad de delito; eso es otra cosa y obedece a otra parte de un proceso, no entiendo por qué tanta alarma, hasta el punto de provocar estos cambios semánticos.

Ahora ya escuchamos a candidatos decir que en sus listas no habrá un solo imputado, también que al primer atisbo de imputación, el ínclito o ínclita se irán a casa, etc. Como siempre en nuestro país, y fruto de nuestra cultura, para qué vamos a hacer uso de un cierto sentido común y equilibrio con lo fácil que es dar saltos de un extremo a otro y decir cosas que a la audiencia resulta agradable oír.

En este caso, como en otros, debiera imponerse una cierta prudencia en lugar de hacer del verbo fácil el común de los discursos.

Imaginen un escenario: cualquier persona que trate de deshacerse de un adversario político por una de las múltiples razones que podemos presumir, presenta una denuncia contra él, un tanto estructurada, y automáticamente será llamado a declarar, es decir, imputado, o investigado. A partir de aquí podrá ser cierto o no, tener fundamento la denuncia o no.
Si no la tuviera y la persona denunciada fuese víctima de una falsa acusación (no sería el primer caso) ¿Tendría que haber dimitido de su cargo por el hecho de ser denunciado - imputado?

Si quien se compromete a dejar el cargo por ese hecho cumple su compromiso y así debiera ser, se corre el riesgo de asistir a un desfile permanente de rostros por las sillas públicas.
No es lo mismo que un juez llame a declarar a una persona, a que lo haga como consecuencia de apreciar indicios de delito derivados de algún hecho punible, luego sería bueno un poco más de prudencia con los compromisos, aunque suenen bien, y ser algo más consecuentes.

Si hay algún hecho delictivo, del tipo que fuere, y el juez así lo estima, estaríamos en un escenario propio para la asunción de responsabilidades, sean políticas, penales o lo que corresponda, mientras tanto, tranquilidad y menos barullo.

En otro orden de cosas, debería ser contemplada la figura del denunciante-difamador. En esta arena de la vida pública se puede comprobar lo fácil que resulta hablar, denunciar y verter dudas intencionadas sobre un adversario con el fin de hacer daño (ejemplos hay diversos). A veces dan sus frutos, y quien hace uso de tan fructífera estrategia consigue su objetivo: desacreditar al oponente y alcanzar una silla.

¿Por qué no se regula y legisla esta práctica?, ¿No interesa? Entiendo que quien hace uso de tales prácticas debiera asumir una pena equivalente al delito o mala praxis que trata de infligir a su acusado. Tal vez así empezaría a higienizarse la vida pública.

                                                                              D. Robles

domingo, 8 de marzo de 2015

SANCIONES A LA CARTA

Cualquier persona, en un momento concreto puede rebasar un comportamiento elemental que nunca debiera. Si incumple un deber cívico, sea cual sea la causa, hay normas que ayudan a corregir dichas anomalías, y en todo caso hacen que otra vez se piense un poco antes de actuar.

Sanciones (multas) que procuran, o debieran, ser acordes a la importancia de la infracción. Bien sé que esto es muy discutible.

Recientemente fue noticia el comportamiento impropio del futbolista del F.C. Barcelona Gerard Piqué. No cuestiono, ni pongo en duda que dicha conducta  es merecedora de un correctivo. También que, el hecho de ser una persona con gran proyección pública debe tener un plus añadido. En estos casos es exigible un mayor celo en su comportamiento público que al común y anónimo de los mortales. Un deportista de élite como es el caso, es entre otras cosas un espejo para muchos niños y es algo que tiene su importancia.

Después de todo el proceso administrativo se conoce que a G. Piqué se le va a aplicar una sanción económica de un importe bastante más elevado de lo habitual debido a su alto poder adquisitivo: dicen.

Aquí mi perplejidad: ¿Cómo es posible que a la hora de aplicar una sanción se haga en función de la cuenta corriente del sancionado?, ¿No debería ser en función de la importancia de los hechos?

Un acto incorrecto lo es y punto. Si es merecedor de sanción, se aplica ajustada a derecho y se pasa al siguiente caso. De ahí, a sentenciar en función de conocer o presuponer la cuenta corriente del encausado, me hace pensar que quien posibilita estos autos está de broma.

Por un lado asistimos a este caso, por otro, recuerdo la sanción "amnistiadora" a  Emilio Botín: ¿Cuál debiera haber sido la cuantía de la misma teniendo en cuenta la causa, aplicando esta doctrina? y por otra lo siguiente:
Madrid decide sancionar con hasta 500 - 600€ a quien "pillen" buscando en los contenedores de basura algo que llevarse al estómago ese día: debe ser por estética o imagen. Alguien a quien siempre se aplica un calificativo olvidándonos a veces que son personas.

Esta sanción ¿será también pensando en el poder adquisitivo o cuenta corriente de los sancionables?
Si tuvieran en su bolsillo 500€  ¿Estarían revolviendo un contenedor?

Son personas que tal vez necesiten otra cosa y no sanciones. Pero las autoridades les resulta más fácil tomar estas medidas sabiendo que siempre hay en el populacho quien aplaude cualquier cosa. En este caso; encausados que difícilmente se pueden defender del atropello.

Ante tal disparidad legal: porque hay que decir que si se hace es porque tiene cobertura legal, ¿Deberíamos preguntarnos si estamos perdiendo, o quién sabe si ya habremos perdido el norte?


                                                                          D.Robles