Hablar de Estado de Derecho es
hacerlo pensando en una estructura social regida y gestionada por una normativa justa,
equitativa, dirigida y administrada a su vez por responsables acorde con dichos
conceptos y donde las distintas piezas del tablero participan en el juego con
las mismas reglas y en igualdad de condiciones.
No hay que hacer grandes
esfuerzos para darnos cuenta que ésta es justo la situación que preside nuestro
estado y como no hay mejor forma de ilustrar una afirmación que hacerlo con
ejemplos voy a referirme hoy a la equidad que ostentamos ante la autoridad
administrativa.
Sabido es que la ignorancia no
exime por lo que desconocer una norma no exculpa la asunción de la
responsabilidad derivada de la misma si se
rebasa.
Si un ciudadano incumple el
plazo de un pago, aunque sea en un solo
día y éste le es notificado transcurridos cuatro años, pongamos por ejemplo,
habrá de pagar no sólo el importe de lo incumplido, aunque estuviere
sobradamente justificado tal incumplimiento, sino que ha de hacerlo con los
intereses de mora derivados del tiempo que la administración tardó en
comunicarlo, por lo que si dicho comunicado lo recibiere pasado un mes o dos no
habría lugar al cobro de tantos intereses. Pues bien, aunque hay detalles
discutibles sobre los que no me voy a extender, si esto es así y lo es para
todos, se asume, paga y se procura que
no vuelva a ocurrir.
Hay algo de lo que siento un cierto orgullo y creo estar en
condiciones de poder afirmar que es un sentimiento que puedo hacer extensible a
una gran parte de la ciudadanía de este país y es del plantel de funcionarios
que tenemos en todos los órdenes y órganos de la Administración, en su basta
estructura y composición y aunque toda regla tiene su excepción que la
confirma, como siempre, la regla es de profesionales muy formados y
comprometidos con su trabajo. Lamento no poder pensar lo mismo de quienes les
representan y dirigen que lejos de servir de apoyo y a la causa, en muchos
casos son un auténtico lastre y problema, sino veamos.
Al caso anterior añado el
siguiente. Si resulta que estos funcionarios descubren una cuenta en un país foráneo,
pongamos Austria por ejemplo, de alguien con bastantes recursos, (el ciudadano
del caso anterior es muy probable que no se preocupe de abrir cuentas en otros
países) y la inspección detecta alguna irregularidad por la que se aconseja
investigar y lo hace y descubre y sigue su investigación, hasta que llega una
orden superior y dice “dejen ese trabajo” y lo tienen que dejar, o bien ocurre que,
algún inspector descubre un fraude en una gran empresa e investiga y descubre y
sigue investigando, hasta que una orden superior decide trasladarlo y con su traslado se suspende el trabajo.
Si un equipo detecta un gran
fraude, investiga y encuentra, sigue investigando y cumpliendo su deber, hasta que una instrucción superior destituye al
jefe del grupo y se detiene el proceso.
Cuando sabemos a través de todas
las informaciones que la mayor evasión de capital corresponde a los del IBEX 35,
en cantidades que acabarían con el manido déficit público, a veces haciendo uso de los subterfugios “legales”.
Cuando vemos que si alguna ley impide hacer
algo que se aconseja para, bien favorecer, bien no perjudicar y no al ciudadano del primer
supuesto, se arregla elaborando un decreto que lo permita, etc., es cuando
empezamos a preguntarnos ¿estamos en un estado de derecho? ¿es el estado de
derecho lo que se dice que es?
Todavía hay quien afirma que somos todos iguales y lo peor, quien lo cree.
A veces pienso que entre la
etapa feudal y la actual, en el fondo, no hay tanta diferencia. En aquella, los
tributos se cobraban en la plaza del pueblo colocando una mesa y los guardias y
alguaciles ejecutaban el trabajo
encomendado utilizando los procedimientos correspondientes, en la actual es con internet pero siguen
pagando los mismos.
D. Robles
No hay comentarios:
Publicar un comentario